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EL GOBIERNO NACIONAL LEGALIZA LA TERCERIZACIÓN ILEGAL CON EL DECRETO 583 DE 2016

 

Cabezote__1.jpg

 

 

De acuerdo con las declaraciones del Dirigente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET, el Gobierno no ha podido enfrentar con la claridad que se requiere la figura de tercerización laboral.

 

Como lo afirma Miguel Pérez García, Presidente del Gremio, el reciente Decreto 583 de 2016, que fue expedido por el Ministerio del Trabajo, en vez de aclarar y garantizar la tercerización laboral formal, está promoviendo el uso de figuras ilegales para la tercerización de trabajadores misionales mediante otras modalidades confundiendo la tercerización laboral con la tercerización de prestación de servicios o bienes, cuando el objeto de la tercerización laboral se trata exclusivamente del envío de recurso humano a través Empresas de Servicios temporales únicas autorizadas por la ley para el envío de trabadores en misión para cumplir una actividad de acuerdo a los requerimientos de una empresa, entidad y organización.

 

Dado el grado de precarización del empleo que se fue dando paulatinamente con la ilegal utilización de las cooperativas de trabajo asociado para flexibilizar el manejo de recurso humano, se buscó reorientar el tema a través del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, que aclaró que para salirle al paso a la desviación detectada, el personal requerido en toda institución y/o empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ningugua otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

 

Con estos antecedentes, Miguel Pérez, al analizar el Decreto 583/2016, expedido para fijar que las reglas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización y hacer más eficiente e integral la inspección laboral, enfatiza en la grave confusión que se da entre la tercerización de servicios y la tercerización laboral en el Decreto 583, produce un desconcierto generalizado frente a las disposiciones que teóricamente pretende aclarar.

 

En efecto el Decreto empieza por dar unas definiciones con el objetivo de la adecuada aplicación de las normas laborales vigentes en los procesos administrativos de Inspección, Vigilancia y Control de todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador por parte del beneficiario entendiéndose por tal la persona natural o jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o la prestación de un servicio por parte de un proveedor.

 

Según Pérez, “hasta donde tenemos entendido fuera de la vinculación de trabajadores asalariados por medio de una contratación directa de acuerdo con las modalidades previstas en los artículos 6, 44, 45 y 47 del Código Sustantivo de Trabajo o de las modalidades establecidas para el sector solidario de la economía del trabajador asociado o cooperado, no conocemos otras modalidades de vinculación por parte de un beneficiario de trabajadores para ser utilizados directa o indirectamente para producción de un bien o la prestación de un servicio por parte de un tercero proveedor. O es proveedor de servicios o de bienes, o lo es de trabajadores, pero no de todos a la vez”.

 

Asimismo, afirmó que las definiciones en el Decreto 583 siguen confundiendo las figuras porque al tratarse en el capítulo 2 del Decreto que se está comentando, el título es claro en que se refiere a la Inspección, Vigilancia y Control sobre la tercerización laboral la cual queda ausente en la definición que se da en el numeral 6, que entiende como tercerización laboral a los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor siempre y cuando cumpla con las normas laborales vigentes.

 

En ese orden de ideas y frente a la preocupación del gremio, se debe aclarar; ¿La tercerización laboral son los procesos de un proveedor para que un beneficiario obtenga bienes y servicios?, qué relación tiene con ello la tercerización laboral o intermediación laboral que se refiere es al trabajador y no a bienes y servicios confundiéndose en la misma definición las dos tercerizaciones que tan claro distingue la OIT y la legislación colombiana en la que tercerización de servicios y producción de bienes está prevista para el caso de los contratistas independientes (CI) , las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), y el Contrato Colectivo Sindical (CCS). Basta con solo revisar el objeto social de cada una de estas figuras para constatarlo.

 

De acuerdo con las normas establecidas por la ley, la intermediación laboral que para el caso debe entenderse como intermediación laboral que se refiere al envío de trabajadores en misión que son aquellos que una empresa de servicios temporales envía a las dependencias de los beneficiarios para cumplir la tarea o el servicio contratado por estos.

 

Hechas estas aclaraciones la confusión del decreto se acentúa aún más al reseñar los elementos indicativos que deben tener en cuenta los funcionarios para la imposición de sanciones los que tiene relación con una genérica tercerización ilegal que no se sabe si se trata de la de servicios o producción de bienes o de la propiamente laboral que se convierten en factor de mayor confusión frente al caos laboral que ya estamos viviendo.

 

Información para medios:

Natalia Urrego Reyes

Jefe de Prensa y Comunicaciones

PBX 6016680

Cel 3138207256

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De acuerdo con las declaraciones del Dirigente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales ACOSET, el Gobierno no ha podido enfrentar con la claridad que se requiere la figura de tercerización laboral.

 

Como lo afirma Miguel Pérez García, Presidente del Gremio, el reciente Decreto 583 de 2016, que fue expedido por el Ministerio del Trabajo, en vez de aclarar y garantizar la tercerización laboral formal, está promoviendo el uso de figuras ilegales para la tercerización de trabajadores misionales mediante otras modalidades confundiendo la tercerización laboral con la tercerización de prestación de servicios o bienes, cuando el objeto de la tercerización laboral se trata exclusivamente del envío de recurso humano a través Empresas de Servicios temporales únicas autorizadas por la ley para el envío de trabadores en misión para cumplir una actividad de acuerdo a los requerimientos de una empresa, entidad y organización.

 

Dado el grado de precarización del empleo que se fue dando paulatinamente con la ilegal utilización de las cooperativas de trabajo asociado para flexibilizar el manejo de recurso humano, se buscó reorientar el tema a través del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, que aclaró que para salirle al paso a la desviación detectada, el personal requerido en toda institución y/o empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de servicio de trabajo asociado que hagan intermediación laboral o bajo ningugua otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.

 

Con estos antecedentes, Miguel Pérez, al analizar el Decreto 583/2016, expedido para fijar que las reglas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización y hacer más eficiente e integral la inspección laboral, enfatiza en la grave confusión que se da entre la tercerización de servicios y la tercerización laboral en el Decreto 583, produce un desconcierto generalizado frente a las disposiciones que teóricamente pretende aclarar.

 

En efecto el Decreto empieza por dar unas definiciones con el objetivo de la adecuada aplicación de las normas laborales vigentes en los procesos administrativos de Inspección, Vigilancia y Control de todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador por parte del beneficiario entendiéndose por tal la persona natural o jurídica que se beneficia directa o indirectamente de la producción de un bien o la prestación de un servicio por parte de un proveedor.

 

Según Pérez, “hasta donde tenemos entendido fuera de la vinculación de trabajadores asalariados por medio de una contratación directa de acuerdo con las modalidades previstas en los artículos 6, 44, 45 y 47 del Código Sustantivo de Trabajo o de las modalidades establecidas para el sector solidario de la economía del trabajador asociado o cooperado, no conocemos otras modalidades de vinculación por parte de un beneficiario de trabajadores para ser utilizados directa o indirectamente para producción de un bien o la prestación de un servicio por parte de un tercero proveedor. O es proveedor de servicios o de bienes, o lo es de trabajadores, pero no de todos a la vez”.

 

Asimismo, afirmó que las definiciones en el Decreto 583 siguen confundiendo las figuras porque al tratarse en el capítulo 2 del Decreto que se está comentando, el título es claro en que se refiere a la Inspección, Vigilancia y Control sobre la tercerización laboral la cual queda ausente en la definición que se da en el numeral 6, que entiende como tercerización laboral a los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor siempre y cuando cumpla con las normas laborales vigentes.

 

En ese orden de ideas y frente a la preocupación del gremio, se debe aclarar; ¿La tercerización laboral son los procesos de un proveedor para que un beneficiario obtenga bienes y servicios?, qué relación tiene con ello la tercerización laboral o intermediación laboral que se refiere es al trabajador y no a bienes y servicios confundiéndose en la misma definición las dos tercerizaciones que tan claro distingue la OIT y la legislación colombiana en la que tercerización de servicios y producción de bienes está prevista para el caso de los contratistas independientes (CI) , las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las Empresas Asociativas de Trabajo (EAT), y el Contrato Colectivo Sindical (CCS). Basta con solo revisar el objeto social de cada una de estas figuras para constatarlo.

 

De acuerdo con las normas establecidas por la ley, la intermediación laboral que para el caso debe entenderse como intermediación laboral que se refiere al envío de trabajadores en misión que son aquellos que una empresa de servicios temporales envía a las dependencias de los beneficiarios para cumplir la tarea o el servicio contratado por estos.

 

Hechas estas aclaraciones la confusión del decreto se acentúa aún más al reseñar los elementos indicativos que deben tener en cuenta los funcionarios para la imposición de sanciones los que tiene relación con una genérica tercerización ilegal que no se sabe si se trata de la de servicios o producción de bienes o de la propiamente laboral que se convierten en factor de mayor confusión frente al caos laboral que ya estamos viviendo.

 

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